El Bitcoin entró en vigencia en El Salvador en septiembre de 2021 como “moneda de curso legal, con irrestricto poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas requieran realizar” (1), abriendo la posibilidad de la compraventa (y otros títulos) de bienes y servicios, como por ejemplo inmuebles en zonas costeras.
El Salvador no es solo Bitcoin. A partir de ese momento, se han aprobado más de 22 regulaciones aplicables a los activos digitales, que incluyen la regulación de los dos registros públicos: uno para las actividades desarrolladas por los proveedores de servicios Bitcoin (PSB), con 140 PSB registrados (2), y otro para los proveedores de servicios de activos digitales (PSAD), con 28 PSAD registrados (3). Se ha n aprobado dos emisiones (privadas) de activos digitales que comprenden el lanzamiento de dos tokens: $HILSV (4) y $ESOY (5), que representan activos digitales de deuda y también productos agrícolas. Asimismo, se ha aprobado en 2024 la emisión de la moneda estable XAU₮ (6).
Actualmente, hay tres anteproyectos de ley en discusión dentro de la Asamblea Legislativa que impactarían la industria de activos digitales en El Salvador si son aprobados: las reformas a la Ley de Bancos, las reformas a la Ley de Emisión de Activos Digitales y una nueva ley en materia de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
La brecha entre el marco regulatorio y la adopción de activos digitales por los salvadoreños
Según el índice de adopción de criptomonedas, El Salvador se encuentra en la posición 95 en 2023 (7). En materia de remesas, el Banco Central de Reserva ha compartido que $57,38 millones de USD (8) se han recibido a través de billeteras de criptomonedas hasta agosto de 2024. Sin embargo, el 85% de salvadoreños no utilizó Bitcoin en El Salvador durante 2023 (9), y el 71,10% (10) indicó que el Bitcoin no ha ayudado a mejorar su economía familiar. Esta brecha puede justificarse y resumirse en dos puntos:
- Débil alfabetización en materia financiera y tecnológica: El 64% (11) de la población salvadoreña se encuentra sin acceso al sistema bancario, y a pesar de que el porcentaje en conectividad a internet ha aumentado, hay mucho trabajo por hacer en materia de prevención de delitos financieros como estafas, phishing y otros.
- Falta de consulta pública a la población sobre una moneda de curso legal: No es la primera vez que El Salvador adopta una moneda de curso legal sin consulta pública. En 2001 (12), el USD fue anunciado y afectó a una población completa, dejando de lado al colón.
El marco normativo de activos digitales coloca a El Salvador en el mapa de países que regulan los activos digitales en otras regiones como Europa y Asia, homologando ciertos estándares y otorgando seguridad jurídica a los consumidores para realizar compras o inversiones. También, las exigencias regulatorias en materia de seguridad de la información y de antilavado y financiamiento del terrorismo permiten que los PSAD y PSB impacten positivamente en los consumidores que buscan seguridad jurídica en sus inversiones.
Que otras jurisdicciones no posean un marco regulatorio en materia de activos digitales brinda una oportunidad fuerte a El Salvador para ser un referente en Latinoamérica, permitiendo que otros países retomen lecciones aprendidas y buenas prácticas. Esto puede contribuir a fortalecer la industria en la región centroamericana. Si bien es cierto que no todo se trata de la regulación, una buena regulación contribuye a la reducción de las cargas administrativas para los participantes de la industria, especialmente las startups, favoreciendo así una mayor adopción.
Finalmente, los activos digitales deberían representar inclusión financiera. La adopción de tecnología puede cerrar brechas y garantizar derechos, pero dependerá mucho de su implementación. Los primeros beneficiados deberían ser las poblaciones excluidas del sistema financiero tradicional, a través de la creación de políticas públicas que incluyan la alfabetización, la conectividad y el acceso a herramientas digitales para su adopción