La discusión sobre tokenización dejó de ser un tema experimental. La referencia reciente de BlackRock sobre fondos tokenizados introduce un cambio de enfoque. No estamos ante una nueva clase de activos; estamos frente a un cambio en la infraestructura donde se registran, se gestionan y se transfieren los derechos económicos sobre sistemas compartidos, programables y auditables. Ese cambio impacta primero a la banca pública en América Latina por su rol en la emisión, custodia, liquidación y articulación con políticas económicas. La región arrastra ineficiencias estructurales: procesos de liquidación lentos, intermediación fragmentada, costos operativos altos y baja interoperabilidad entre sistemas.
La tokenización introduce un nuevo modelo de registro y transferencia de valor. Un activo tokenizado es la representación digital de un derecho económico sobre una infraestructura que permite liquidación casi inmediata, trazabilidad completa y reglas de ejecución integradas.
La banca pública tiene un punto de entrada claro en instrumentos como deuda, bonos soberanos, certificados de depósito y programas de financiamiento productivo. Hoy, estos instrumentos operan sobre sistemas cerrados, con conciliaciones manuales o semiautomatizadas. La tokenización permite emitir estos instrumentos sobre redes donde la propiedad, el historial de transferencias y las condiciones contractuales están integradas en el activo, lo que cambia la forma en que se gestiona el riesgo. La trazabilidad reduce asimetrías de información y la programabilidad permite definir condiciones de cumplimiento, pagos de cupones automáticos y restricciones regulatorias. La liquidación en tiempo casi real reduce la exposición a contrapartes y mejora la estabilidad operativa del sistema financiero.
El segundo eje es la eficiencia fiscal. La gestión de subsidios, transferencias condicionadas y programas sociales sigue enfrentando problemas de trazabilidad y control. La tokenización permite emitir unidades digitales que representan recursos asignados, con reglas claras sobre su uso. Esto no significa o implicaría reemplazar monedas nacionales; sería más como mejorar la ejecución de políticas públicas sobre capas tecnológicas más eficientes.
En América Latina, donde los márgenes fiscales son estrechos, la eficiencia en la ejecución tiene impacto directo en los resultados. La posibilidad de auditar en tiempo real el flujo de recursos, desde su emisión hasta su uso final, cambia la forma en que se controla el gasto público. Este es un cambio operativo que reduce desvíos, mejora la rendición de cuentas y fortalece la confianza institucional.
El tercer eje es la infraestructura de mercado. La mayoría de las bolsas y sistemas de negociación en la región operan sobre arquitecturas que no fueron diseñadas para interoperar entre países, lo que genera fricciones operativas, mayores tiempos de liquidación y costos asociados a la conciliación entre sistemas. La tokenización abre la posibilidad de mercados más integrados al introducir un modelo donde el registro, la transferencia y la liquidación de activos ocurren sobre una misma capa tecnológica. Un activo emitido en un país puede ser negociado y liquidado en otro bajo reglas comunes, siempre que exista coordinación regulatoria y técnica, así como estándares compartidos de operación y cumplimiento. La experiencia de Nuam, con la integración de las bolsas de Chile, Colombia y Perú, muestra un caso concreto de la región avanzando hacia una infraestructura de mercado más conectada, con una lógica de consolidación que busca ampliar la liquidez, mejorar la eficiencia operativa y facilitar el acceso a inversionistas.
Este proceso implica armonización de reglas, alineación tecnológica y coordinación institucional entre distintos actores del mercado, lo que evidencia que la integración regional depende de la capacidad de construir infraestructuras comunes y marcos operativos compatibles.
En ese contexto, la tokenización introduce una capa adicional que puede simplificar la interacción entre mercados al reducir la necesidad de intermediación en procesos de registro y liquidación. Aquí, la banca pública tiene un rol de orquestador; no como operador directo de todos los servicios, pero sí como garante de estándares, gobernanza y confianza institucional. Su participación es necesaria para definir marcos de interoperabilidad, asegurar el cumplimiento regulatorio y facilitar la coordinación entre jurisdicciones. Sin ese rol la fragmentación se mantiene; con ese rol se habilita un mercado más profundo, con mayor eficiencia operativa y mejores condiciones para la participación de la banca privada, fintechs y otros actores del ecosistema financiero.
La referencia de BlackRock valida el interés institucional en este modelo. Este movimiento proviene de actores tradicionales enfocados en eficiencia operativa, reducción de costos y nuevos canales de distribución, lo que indica un cambio en la forma en que se concibe la infraestructura financiera. Cuando un gestor de activos de ese tamaño habla de tokenización, está señalando un cambio en la infraestructura.
En este contexto, la evolución hacia la banca privada y fintech es una consecuencia natural. La banca pública define las bases; la banca privada construye sobre ellas. Si los activos están tokenizados, la custodia cambia, la intermediación cambia y los servicios de valor agregado se reconfiguran. Un banco privado deja de ser un intermediario que reconcilia sistemas y pasa a ser un proveedor de servicios sobre una infraestructura compartida, con foco en custodia digital, gestión de portafolios tokenizados y financiamiento estructurado con activos programables.
La eficiencia operativa mejora porque gran parte de la lógica transaccional está en la capa de infraestructura. Las fintechs acceden a infraestructura financiera sin necesidad de construir sistemas propietarios complejos y pueden ofrecer productos con menor costo de entrada e integración directa con redes donde la emisión y transferencia de activos ya está resuelta. Esto genera implicaciones competitivas claras: los actores que entiendan la lógica de la tokenización podrán ofrecer productos más eficientes y con menor fricción.
Hay un punto crítico en este proceso que es la gobernanza. La tokenización no elimina la necesidad de regulación; la redefine. La banca pública debe establecer marcos claros sobre emisión, custodia, interoperabilidad y cumplimiento. Sin esa claridad la adopción se ralentiza; con esa claridad el ecosistema se desarrolla con mayor velocidad. En América Latina, donde la confianza institucional es un factor determinante, este punto es central. La tecnología no resuelve problemas de confianza por sí misma, pero puede reforzarla si se integra dentro de marcos institucionales sólidos. La trazabilidad y la auditabilidad aportan herramientas; la gobernanza define su impacto.
Otro elemento es la identidad digital. La tokenización de activos requiere mecanismos confiables de identificación de participantes. Sin una identidad digital robusta, la capacidad de escalar estos modelos se limita. La banca pública tiene la capacidad de impulsar sistemas de identidad interoperables que se integren con infraestructuras de tokenización. Esto conecta con la inclusión financiera. La región tiene una base importante de población no bancarizada o sub-bancarizada. La tokenización, combinada con identidad digital y billeteras, permite el acceso a instrumentos financieros sin depender de estructuras tradicionales.
Desde el punto de vista tecnológico, la madurez ya existe para avanzar. Redes público-permisionadas, estándares de interoperabilidad, mecanismos de privacidad y modelos de cumplimiento están disponibles. El reto está en coordinar actores, priorizar casos de uso y ejecutar pilotos con valor operativo. Un ejemplo es el proyecto CBWeb3, que es una iniciativa impulsada por BID Lab y ejecutada por LACNet, con la participación estratégica de CEMLA y FLAR, orientada a construir un laboratorio regional para probar modelos de liquidación transfronteriza mayorista mediante dinero de banco central tokenizado.
El proyecto parte de un problema concreto en América Latina y el Caribe: los altos costos de corresponsalía bancaria, dependencia de rutas en dólares o euros, corredores cambiarios fragmentados, saldos nostro y vostro ineficientes y baja interoperabilidad entre sistemas financieros. Su alcance busca probar la liquidación de dos monedas en una operación FX, la interoperabilidad entre la red CBWeb3 y otras blockchains, y mecanismos de liquidez como banca corresponsal mejorada y pools de liquidez.
La relevancia del proyecto está en que conecta bancos centrales, bancos comerciales y actores regulados dentro de un entorno controlado, sin exigir a los bancos cargas de infraestructura, despliegue de nodos o equipos internos de desarrollo. Esta aproximación permite pasar de la discusión conceptual a pruebas medibles sobre tiempos, costos, cumplimiento, liquidez y operación.
Para la banca pública, CBWeb3 muestra el camino institucional de la tokenización en la región: empezar por casos mayoristas, operar bajo gobernanza multilateral, medir resultados y preparar una arquitectura financiera interoperable. Desde esa base, la banca privada, las fintechs y los mercados de capitales encontrarán una infraestructura más clara para construir servicios financieros sobre activos tokenizados.
«Empezar por casos mayoristas, operar bajo gobernanza multilateral, medir resultados y preparar una arquitectura financiera interoperable»
La tokenización no será relevante por el activo digital en sí mismo; será relevante por la calidad de la infraestructura que permita emitirlo, liquidarlo, auditarlo y conectarlo con el sistema financiero existente
